A la espera de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Impuesto de Plusvalía Municipal solo nos llegan pinceladas del borrador de esta.
El Tribuna Constitucional adelanto que su pronunciamiento no tendría efectos sobre los procedimientos con resolución firme y que considera situaciones consolidadas aquellas liquidaciones provisionales o definitivas que no fueron impugnadas y/o las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada confirme el art. 120.3 de la Ley General Tributaria a la fecha de la mencionada sentencia.
Por otro lado, Hacienda, a la espera de la publicación de la sentencia, ya se plantea una reforma del tributo que sirve de oxigeno a las malogradas arcas municipales.
En Cádiz, el Ayuntamiento de José María González ‘Kichi’, se tendrá que plantear unos nuevos presupuesto municipales para el ejercicio 2022 lo que le puede llevar a recortes de servicios públicos, declarando su concejal del área de economía y hacienda que es un “nuevo varapalo para la financiación municipal” y el contribuyente se pregunta “ ¿ no es un impuesto que se recauda injustamente por la venta o sucesión de un inmueble cuando existen otros impuestos de carácter municipal que gravan la propiedad del inmueble?
Alcaldes/as se han levantado indignados al grito de “quien paga nuestras perdidas”, pues como todo en este país las perdidas las pagaran los mismos de siempre: aquel o aquella contribuyente a la que se le será repercutido en otro tributo y/o tasa para compensar el fiasco mientras desde Madrid se procede a su reforma.
En nuestra ciudad, derivado de la eterna crisis económica y del precio del metro cuadrado de los locales de negocios hay calles que no tienen prácticamente locales comerciales en uso pero que el Ayuntamiento, en su obligación, sigue prestando el mismo servicio de mantenimiento y limpieza siendo deficitario. Si el impuesto a reformar hubiera sido en su momento el Impuesto de Bienes Inmuebles recogiendo una penalización para aquellos locales que se eternizan cerrado culpables del deterioro urbano, amen que a las viviendas se le aplicara lo mismo, quizás en Cádiz el impacto de la sentencia del Constitucional no hubiera sido de gran transcendencia.
Nuevamente quien paga los platos rotos es el vecino/a de a pie que ahora mismo está con la incertidumbre de si tiene que cumplir o no con esta obligación, si puede reclamar aquella plusvalía abonada. Si necesitas asesoramiento sobre el impuesto municipal de plusvalía ponte en contacto con nuestro equipo de asesores fiscales al correo electrónico arauzasesores@arauzasesores.com.
Ezequiel Arauz Salmerón.
